Superintendente de Pensiones criticado por Paulina Yazigi

El jueves pasado, cuando el gobierno acudió a la primera sesión de la Comisión de Trabajo del Senado a presentar su reforma previsional, que el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, hizo una amplia presentación donde, entre otras cosas, dijo que las actuales AFP tienen altos márgenes y bajo riesgo operacional, «esto, dado que el diseño de la industria, a nuestro juicio, es ineficiente».

Afirmación que justificó, entre otras cosas, con el precio  anual por afiliado entre la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y las AFP, indicando que “tiene una diferencia muy grande”, explicando que al observar el promedio entre los años 2017 y 2023, el afiliado al sistema de pensiones pagó 19,6 veces más que el precio de la AFC, «o sea, casi 20 veces más, es una diferencia muy grande. Por ejemplo, solamente en el año 2023, el precio anual por afiliado de una administradora previsional es de $83 mil, y el de la AFC es de $3.700. Una diferencia muy grande», detalló Macías.

Al respecto, continuó diciendo que el margen sobre costo que tuvieron las AFP en promedio entre 2017 y 2023 fue de 3,4 veces el de la AFC, «entonces comparando con una industria bastante equivalente, podemos observar que aquí hay alguna anomalía en los márgenes y en los precios cobrados», puntualizó.

Respuesta de la Asociación de AFP

La Asociación de AFP no aguantó el silencio ni quedarse observando de brazos cruzados.

Así fue como, representada por su presidenta Paulina Yazigi, respondieron a través de una carta al director en La Tercera que «expresamos nuestra preocupación por el argumento errado técnicamente y por el sesgo en contra de las entidades que fiscaliza para afirmar que la centralización podría ser más eficiente».

«El superintendente apoya otra reforma refundacional, algo así como un ´transantiago previsional´, con control estatal, ineficiencias, altos costos para el país, y sin solucionar el problema de fondo: mejorar pensiones», aseguró Yazigi.

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La presidenta del gremio que agrupa a todas las AFP, con excepción de UNO, afirmó que «convertir al regulador en un actor político, debilita la institucionalidad previsional y lo aleja de su principal responsabilidad: resguardar los derechos de los cotizantes».

Añadió que «la comparación entre AFP y AFC es equivocada (en su argumentación y en las cifras) y pone en duda si el regulador comprende la operación de las entidades y sistema que fiscaliza».

La presidenta de la Asociación de AFP agregó que «las AFP y la AFC son diferentes en la naturaleza de sus servicios, su escala de operación, número de atenciones y pagos diarios, fondos administrados, sofisticación de las operaciones, y puntos de atención. Las AFP deben además financiar toda la operativa del proceso de invalidez, la Comisión Clasificadora de Riesgo, el Sistema de Oferta y Monto de Pensión, la licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, entre otras actividades que la AFC no realiza».

Por último, comentó que «la Superintendencia debe ´informar a los afiliados respecto de sus derechos y obligaciones´, así como generar la información oportuna para promover el desarrollo de políticas públicas. Su rol exige rigor técnico para mejorar las pensiones en forma sustentable. Trabajemos como país en avanzar y construir».