Retiro de ahorros previsionales: Comenzó discusión en el Congreso

El debate por un eventual retiro de ahorros previsionales desde las AFP, antes de la edad de jubilación, se instaló de forma concreta en el Congreso.

Este miércoles y yendo en contra de la postura del gobierno, tanto el Senado como la Cámara de Diputados iniciaron el debate de proyectos que buscan permitir que los trabajadores puedan sacar parte de sus ahorros de forma excepcional como ayuda para paliar los efectos de la evidente crisis económica provocada por el coronavirus.

Senado: Propiedad del dinero

En la comisión de Constitución del Senado  se puso en tabla el proyecto que busca revisar la propiedad del dinero acumulado en las cuentas de capitalización individual.

Este proyecto argumenta que de acuerdo al DL 3500 del año 1980, “esos dineros son exclusivamente del trabajador” ya que según el artículo 33 de dicho decreto “cada fondo de pensiones es un patrimonio independiente y diverso del patrimonio de la administradora, sin que esta tenga dominio sobre aquellos” y cada uno de los fondos “estará constituido por las cotizaciones y aportes, los bonos de reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, sus inversiones y las rentabilidades de éstas, deducidas las comisiones de la administradora”.

En base a este proyecto cuya autoría corresponde a los senadores Alfonso de Urresti, Pedro Araya, Yasna Provoste y Carlos Bianchi, se busca una modificación de la norma que consagra el derecho institucional a la propiedad, “regulándose determinadas condiciones bajo las cuales puede ejercerse el derecho a la propiedad sobre los fondos previsionales”.

Y precisamente dicha condición es un estado de excepción constitucional de catástrofe –como el que hoy vivimos- para retirar hasta un 10% de los fondos previsionales, para todas las personas sin excepción y con posterior reintegro establecido por ley. Esta misma deberá determinar si son los afiliados o el Estado quien repone una vez cesado el estado de catástrofe.

Una opción es el bono de reconocimiento y así –aunque a futuro- se hace cargo el Estado pensando en toda la gente que hasta el momento ha quedado fuera de toda ayuda y por diversos motivos tampoco puede acceder a un crédito bancario. La otra es que el monto sea reintegrado por el mismo afiliado alargando su vida laboral o aumentando un porcentaje su cotización.

Otros puntos que no dejan de ser importantes son: al hacer esto y obviar otras vías de financiamiento estaremos dejando de lado responsabilidad que recae sobre el Estado atribuyéndola a los trabajadores y sus ya mermadas pensiones futuras; esteremos generando un peligroso precedente, porque ¿qué hacemos cuando veamos que la crisis futura es más larga de lo pensado…volveremos a echar mano a otro porcentaje de los fondos?. Las AFP tampoco están autorizadas –hoy en día- para prestar y cobrar dinero. Por lo demás, y según cifras de la Superintendencia de Pensiones, entre un 40 y 50% de los posibles beneficiarios accederían a no más de 400 o 500 mil pesos. Si eso es así, ¿no sería mejor que el esfuerzo se lo exijamos al Estado a través de garantía estatal en créditos Fogape con plazos extensos, tasas cercanas a 0 y mayores facilidades incluso estando en Dicom? Nada asegura que el monto del ahorro previsional sea devuelto (es un autocrédito, no hay acreedor y por ende nadie cobra) o no alcance a ser devuelto por los propios cotizantes e incluso que el mismo Estado no cumpliera con el bono de reconocimiento.

Diputados: Montos a retirar

En la cámara, también en la comisión de Constitución, se inició el debate de otra medida aunque parecida a la indicada anteriormente.

Esto, porque también busca retiro de fondos cuyo financiamiento provenga de cotizaciones obligatorias, pero agrega como condición que los solicitantes no se hayan pensionado y que la pensión proyectada no supere las 25 UF (717 mil pesos).

Cumpliendo este requisito se podría retirar por única vez una cantidad que irá desde 5 ingresos mínimos mensuales hasta un máximo de 150 UF, es decir, entre 1,6 y 4,3 millones de pesos.

Este monto deberá ser devuelto a través de un bono de reconocimiento otorgado por el Estado al momento de jubilar, entrando luego en la discusión de cuál sería el criterio apropiado.

Nuestra opinión

Estamos de acuerdo que la ayuda en estos momentos de pandemia debe ser universal y por ende incluir de buena manera a la clase media. Un universo mayoritario de personas que en base a su esfuerzo y mérito ha logrado acceder a una casa, auto propio y buena educación para sus hijos, no sin endeudarse,  y donde muchos hoy están cesantes, sometidos a la ley de protección del empleo consumiendo (o ya consumidos) sus fondos del seguro de cesantía o trabajadores independientes donde aún no se sabe con certeza las mermas sufridas en promedio al no existir aún un informe en base al beneficio que se está otorgando hace unos días.

Y dentro de esa clase media también incluimos a quienes son peyorativamente tratados de “cuicos que no merecen ayuda” por esos deplorables “justicieros de redes sociales” solo por vivir en La Reina, Las Condes o Vitacura sin conocer la realidad que se puede estar viviendo al interior de dichos hogares en sectores que pueden ser de una clase media un poco más acomodada, pero que están muy lejos de ser millonarios.

Dicho lo anterior, y si bien respetamos todas las posturas y visiones sosteniendo además que tanto izquierda como derecha deben correr sus cercos ideológicos en algunos temas, no creemos que esta medida sea la más pertinente.

Esto, porque aunque los fondos sean del cotizante y efectivamente entendemos que uno siempre ahorra para una emergencia, puntualmente en este caso es para la vejez. Y si retiramos estos fondos mermaremos sí o sí la pensión de quien está más cerca de jubilar o incluso de quienes no opten por el retiro ya que el movimiento sí o sí generará movimientos en el mercado.

Otros puntos que no dejan de ser importantes son: al hacer esto y obviar otras vías de financiamiento estaremos dejando de lado responsabilidad que recae sobre el Estado atribuyéndola a los trabajadores y sus ya mermadas pensiones futuras; esteremos generando un peligroso precedente, porque ¿qué hacemos cuando veamos que la crisis futura es más larga de lo pensado…volveremos a echar mano a otro porcentaje de los fondos?. Las AFP tampoco están autorizadas –hoy en día- para prestar y cobrar dinero.

Por lo demás, y según cifras de la Superintendencia de Pensiones, entre un 40 y 50% de los posibles beneficiarios accederían a no más de 400 o 500 mil pesos. Si eso es así, ¿no sería mejor que el esfuerzo se lo exijamos al Estado a través de garantía estatal en créditos Fogape con plazos extensos, tasas cercanas a 0 y mayores facilidades incluso estando en Dicom? Nada asegura que el monto del ahorro previsional sea devuelto (es un autocrédito, no hay acreedor y por ende nadie cobra) o no alcance a ser devuelto por los propios cotizantes e incluso que el mismo Estado no cumpliera con el bono de reconocimiento.

Equipo Jubilar

El equipo de Jubilar.cl está compuesto por los asesores previsionales César Galleguillos y Viviana Vargas junto al periodista Rafael Hormazábal.

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Lunes 3 de Agosto de 2020
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